La decisión de la Corte Constitucional se produjo luego de años de trabajo por parte de las organizaciones que defienden los derechos de las mujeres en toda América Latina.
La Corte Constitucional de Colombia dictaminó este lunes que someterse a un aborto ya no es un delito según la ley colombiana, una decisión que allana el camino para que el procedimiento esté más accesible en un país católico y tradicionalmente conservador.
El fallo sucede luego de años en que las mujeres de toda América Latina se han organizado para exigir más protecciones y derechos, entre ellos el acceso al aborto y tras cambios significativos en el panorama legal de la región.
La Suprema Corte de Justicia de México despenalizó el aborto en una decisión parecida en septiembre y el Congreso de Argentina legalizó el procedimiento a fines de 2020. El fallo significa que tres de los cuatro países más poblados de América Latina han abierto la puerta a un acceso más amplio al aborto.
También sucede cuando Estados Unidos ha estado avanzando en dirección opuesta, con restricciones al aborto que se multiplican en todo el país, y la Corte Suprema de Estados Unidos está evaluando un caso que podría dar marcha atrás a Roe contra Wade, el fallo de 1973 que estableció el derecho constitucional al aborto.
“Esto pone a Colombia a la vanguardia en toda América Latina”, dijo Mariana Ardila, una abogada colombiana en Women’s Link Worldwide, una organización que impulsa el derecho al aborto y que forma parte de la coalición que presentó uno de los dos casos que cuestionaban la penalización del aborto. “Es histórico”.
La decisión de la corte colombiana despenaliza los abortos en las primeras 24 semanas de embarazo, y significa que cualquier mujer debería poder buscar que un profesional de la salud le realice el procedimiento sin temor a ser procesada penalmente. El fallo también crea las bases para que el gobierno colombiano regule más el proceso.
La medida forma parte de un cambio cultural radical en América Latina, impulsado por movimientos feministas de base y una generación más joven y laica.
En una región conocida históricamente por su fe católica y el conservadurismo social, un impulso creciente por los derechos de las mujeres y el acceso al aborto ganó protagonismo hace poco más de un año, cuando Argentina se convirtió en la nación más grande de América Latina en legalizar el aborto.
Pronto, los defensores del derecho al aborto en toda la región, desde México hasta Paraguay, y de Brasil a Colombia, usaban o portaban pañuelos verdes, el símbolo del movimiento por el derecho al aborto en Argentina, para mostrar su solidaridad con los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Los pañuelos se convirtieron en símbolos de la labor que las abogadas y activistas por los derechos de las mujeres venían haciendo de manera más silenciosa durante años.
La decisión de Argentina repercutió en toda América Latina, mostrando que era posible legalizar el aborto en países con fuertes creencias católicas y protestantes y una historia de ideales patriarcales.
En septiembre, la Suprema Corte de Justicia de México dictaminó que era inconstitucional tipificar como delito el aborto, lo que ayudó a allanar el camino para la legalización del procedimiento en ese país de unos 130 millones de habitantes.
En los últimos meses, los magistrados de la Corte Constitucional analizaron dos solicitudes que cuestionaban la sección del código penal colombiano que tipificaba el aborto como un delito.
En una de ellas, un abogado de nombre Andrés Mateo Sánchez Molina argumentaba que lo dispuesto violaba derechos protegidos por la Constitución, entre ellos el derecho a la dignidad humana, la igualdad y la libertad.
En la otra, presentada por Causa Justa, una coalición de organizaciones que defienden el derecho al aborto, los abogados alegaron que la penalización había presentado el aborto de manera tan negativa que disuadía a las mujeres de solicitarlo incluso cuando tenían el derecho legal a someterse al procedimiento.
En algunos casos, dijeron, la existencia de una sanción penal ocasionaba que los profesionales de la salud se rehusaran a realizar el procedimiento a mujeres que sí califican para recibirlo. En otros, las mujeres evitaban acudir a centros de salud legales por temor a que las metieran a la cárcel y entonces recurrían a alternativas peligrosas en clínicas clandestinas.
Las barreras “afectan principalmente a las mujeres de zonas rurales y remotas, las mujeres con escasos recursos económicos, las adolescentes, y las mujeres y las niñas que viven en situaciones de conflicto armado o de otros tipos de violencia basada en género como la sexual o la física”, escribieron representantes de Causa Justa en la síntesis de la demanda. Por ende, resultaba inconstitucional hacer del procedimiento un crimen en la mayoría de las circunstancias.
Finalmente, el tribunal decidió analizar primero la solicitud de Causa Justa. El segundo caso se examinará en una fecha posterior, pero la primera decisión ya no se puede revocar.
En la tarde del lunes, cientos de partidarios del derecho al aborto y decenas de sus opositores se congregaron frente a la sede de la corte en Bogotá esperando a que se produjera una decisión.
En meses recientes, quienes apoyan el derecho al aborto y sus oponentes han lanzado campañas para intentar influir en la decisión y sus concentraciones han llegado a simbolizar la división cultural que hay en el país en torno al tema.
Las mujeres de la multitud bailaban con pañuelos verdes sobre la cabeza mientras la noticia se extendía entre la multitud, lo que provocó que Jonathan Silva, de 32 años, se alejara enojado. Silva, un cristiano evangélico que trabaja para Unidos Por La Vida, una organización contra el aborto, dijo que la corte se había excedido en sus atribuciones y que esa decisión debían tomarla los funcionarios electos.
“Lo que están despenalizando es la muerte de seres humanos”, dijo.
Hasta ahora, los abortos solo han sido legales en circunstancias muy limitadas establecidas en un fallo de 2006: cuando la salud de la mujer está en riesgo, cuando el feto tiene serios problemas de salud o cuando el embarazo es resultado de una violación. Cualquier persona que se someta a un aborto —o ayude a una mujer a conseguirlo— puede ser sentenciada a entre 16 y 54 meses de prisión.
Las activistas por el derecho a abortar a menudo dicen que este panorama legal crea un sistema en dos niveles: las mujeres más adineradas de las ciudades podían acceder a un aborto porque sabían cómo utilizar las excepciones que prevé la ley mientras que las más pobres y con menos educación tenían menos conocimiento y medios para hacerlo.
En Colombia, los fiscales abren unos 400 casos cada año contra mujeres que han tenido abortos o contra quienes les ayudan, según la oficina de la Fiscalía General. Al menos 346 personas han sido sentenciadas en casos de este tipo desde 2006.
Casi todas las investigaciones relacionadas con estos abortos han sucedido en zonas rurales e involucran a menores de hasta 11 años, según los investigadores de Causa Justa.
Los abortos ilegales a menudo se realizan de manera insegura y causan unas 70 muertes al año en Colombia, según el Ministerio de Salud del país.
Una encuesta reciente realizada por Ipsos, una firma sin vínculos partidistas, encontró que aunque el 82 por ciento de los colombianos que respondieron apoyaban el aborto en ciertas circunstancias, solo el 26 por ciento lo apoyaban en todos los casos. La decisión del tribunal probablemente cause roces cuando activistas a favor del aborto, legisladores, proveedores de servicios de salud y otros determinen cómo debe implementarse.
Otras instancias legales no pueden alterar la decisión.
La Corte Constitucional de Colombia es más liberal que el país en general, según muchos expertos legales, y numerosos cambios progresistas, como la legalización del matrimonio igualitario en 2016, surgieron de los fallos de la corte.
También se considera que la corte fija tendencias en la región, dijo Francisco Bernate, un profesor de derecho de la Universidad de Rosario en Bogotá y el fallo posiblemente atraiga la atención de otros magistrados en América Latina.
Los activistas de Estados Unidos también están siguiendo los cambios en la región.
“Estas luchas están conectadas”, dijo Serra Sippel, jefa de promoción global de Fos Feminista, un grupo de derechos reproductivos con sede en Washington, D. C. “Nosotros en Estados Unidos podemos aprender mucho”.
