El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, decretó este miércoles la disolución de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, y solicitó la convocatoria de nuevas elecciones.
Esta decisión, utilizando un mecanismo constitucional conocido como «muerte cruzada», se produce en medio del juicio político iniciado en su contra por acusaciones de malversación de fondos públicos, algo que Lasso ha negado y calificado como una maniobra política para desbancarlo.
La «muerte cruzada» permite al jefe de Estado disolver la Asamblea Nacional en caso de tres escenarios: si considera que los legisladores están obstaculizando su capacidad para gobernar, por grave crisis política y conmoción interna, y -cuando a su juicio- el poder legislativo se arrogue funciones que no le competen.
En el decreto ejecutivo 741 firmado por el mandatario, se hace mención a la crisis política que atraviesa el país y, además, Lasso acusa a la Asamblea de «un afán de desestabilización contrario a la obligación de colaboración y coordinación entre entidades públicas y poderes del Estado».
Al recurrir a este mecanismo, el presidente también debe llamar a nuevas elecciones legislativas y presidenciales en seis meses, en las que se puede presentar nuevamente como candidato, pero en las que se arriesga a perder el poder por la vía del voto popular.