Cada que se abre una fosa clandestina, las integrantes del colectivo Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos (Fundej) se preparan para ayudar a las decenas de personas que acudirán a diario al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses a tratar de rastrear el cuerpo de algún familiar desaparecido.
Desde 2020 este colectivo mantiene presencia permanente afuera del instituto, que se ha convertido en una especie de limbo en el que yacen los cuerpos fragmentados de miles de personas en espera de que la ciencia y la burocracia hagan match para que sus familias puedan reclamarlos y llevarlos a casa.
A partir de la experiencia propia, algunas de las integrantes de Fundej, como Guadalupe Ayala, se han convertido en expertas rastreadoras en este lugar; a ella le llevó dos años encontrar todas las partes del cuerpo de uno de sus hijos y, a pesar de haberlo encontrado, sigue buscando a los hijos de otras madres.
Jalisco, el estado con más desaparecidos (14 mil 912, según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas) también se ha convertido en la entidad en la que más cuerpos se han recuperado de fosas clandestinas: el Registro Nacional de Fosas Clandestinas y Cuerpos Exhumados indica que se han rescatado 2 mil 21 cuerpos de 233 fosas.
El último hallazgo (aún no documentado en ese registro) ocurrió el pasado 8 de noviembre en la colonia Brisas de la Primavera, donde se localizaron al menos ocho fosas y de las que hasta la última semana de noviembre se habían extraído 110 bolsas con segmentos humanos, según el registro que lleva el colectivo Luz de Esperanza.
Los datos oficiales indican que después de Jalisco, Veracruz (con 6 mil 984 desaparecidos) es el segundo estado donde se han encontrado más cadáveres en entierros clandestinos: mil 69 cuerpos en 668 fosas.
Le siguen Colima, donde se reportan mil 340 desaparecidos y se han localizado 874 cuerpos y 2 mil 71 fosas clandestinas; Sinaloa, donde hay 5 mil 491 personas desaparecidas y se reporta la localización de 765 cuerpos y 464 fosas clandestinas; Chihuahua, con 3 mil 507 personas desaparecidas, reportó la localización de 631 cuerpos y 410 fosas; Guerrero, donde hay 4 mil 206 desaparecidos, registró el rescate de 607 cuerpos encontrados en 299 fosas.
Un registro inconsistente
Para conformar el Registro Nacional de Fosas Clandestinas y Cuerpos Exhumados, la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) solicitó a las fiscalías estatales y a la General de la República información sobre estos hallazgos a partir de 2006.
Los datos indican que hasta el pasado 2 de agosto se reportaban en todo el país al menos 5 mil 291 fosas clandestinas de las que se recuperaron por lo menos 9 mil 425 cuerpos y decenas de miles de restos humanos (desde torsos y extremidades hasta fragmentos óseos, piezas dentales y grasa corporal) que posiblemente nunca sepamos a cuántas personas corresponden.
Los documentos, disponibles en el portal de la CNB, establecen que de los cuerpos rescatados se han identificado 3 mil 66 y sólo mil 548 han sido regresados a sus familiares.
Además, entre el 1 de enero de 2006 y el 30 de noviembre de 2018 se localizaron 2 mil 465 fosas clandestinas en 26 entidades del país (Ciudad de México, Chiapas, Guanajuato, Querétaro, Tabasco y Yucatán no reportaron hallazgos).
De esos sitios se rescataron 3 mil 796 cuerpos, se identificaron mil 336 y se entregaron a sus familias 739.
En tanto, en lo que va del presente sexenio se han encontrado 2 mil 826 fosas clandestinas en 30 entidades (Ciudad de México y Querétaro no reportaron hallazgos) y de ellas se han rescatado los cuerpos y osamentas de 5 mil 39 personas; mil 730 cuerpos han sido identificados y sólo 809 fueron entregados a sus familiares.
Llama la atención la información entregada por Tamaulipas: a pesar de ser el segundo estado del país con más desaparecidos (12 mil 986), sólo reporta la recuperación de 406 cadáveres y la localización de 554 fosas clandestinas. Un caso similar es el de Coahuila, donde se reporta la desaparición de 3 mil 473 personas, pero sólo reporta el hallazgo de 122 fosas y siete cadáveres localizados, pues en la mayoría de los entierros únicamente se encontraron «restos óseos» e «indicios biológicos».
Para construir este registro, en 2019 la CNB envió a la FGR y a las fiscalías estatales un formato de Excel con un instructivo de llenado para tratar de homologar los criterios de la información requerida; sin embargo, las dependencias enviaron información incompleta, con errores e inconsistencias que dificultan su sistematización y análisis.
Por ejemplo, la mayoría de las entidades no informó si entregó o no los cuerpos identificados a sus familiares y algunos estados duplican los registros del año 2018 al contabilizarlos tanto como parte del periodo «histórico» (comprendido del 1 de enero de 2006 al 30 de noviembre de 2018) como del periodo actual (del 1 de diciembre de 2018 a la fecha).
Otros ejemplos: a la información enviada por la fiscalía de Oaxaca le falta una hoja con datos, y para dar cuenta de los hallazgos del presente sexenio la fiscalía de Querétaro sólo informó que entre los días 15 y 28 de julio de 2023 no se hallaron fosas.
Registrar para nombrar
«No conocer la cifras reales respecto a la desaparición de personas en el país es lo que nos ha llevado a no poder enfrentar el problema e, incluso, a no aceptar que existe un problema social, pero los registros, con todo y sus fallas, nos han ayudado a nombrar a las personas desaparecidas», considera Sandra Odeth Gerardo Pérez, maestra y doctorante en antropología social, estudiante asociada del Grupo de Investigaciones en Antropología Social y Forense, y colaboradora de la Red Regional de Familias Migrantes.
En su opinión, además de los evidentes problemas que tienen las fiscalías del país y la Comisión Nacional de Búsqueda para compartir información que sirva en la creación de los registros relacionados con la desaparición de personas, hay otra serie de elementos en torno a este problema -como la estigmatización de quien desaparece y de quien busca, o el miedo que generan la impunidad y el contubernio de las autoridades con los mecanismos de la desaparición- que nos provocan, como sociedad, «no querer voltear a ver algo tan horrible.
«Yo he sido muy crítica con los registros, específicamente en la parte de migrantes, pero me parece que, con todo y las fallas, el registro de estos números tan atroces que comenzamos a ver periódicamente pueden invitarnos a la posibilidad de saber que existen los desaparecidos; creo que en México para mal y para bien, hemos empezado a desarrollar una cultura, un lenguaje, en donde los desaparecidos existen.
«Identificamos la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa como parteaguas, donde ya fue imposible no seguir viendo la desaparición, pero en este contexto tenemos desapariciones desde inicios de milenio de las que no sabíamos, entonces me parece que en los últimos años hay incluso un clima donde sabes que si tienes una persona desaparecida puedes nombrarla, aunque el estigma sigue, sin duda», dice.
Sin embargo, para la académica son preocupantes los señalamientos de la excomisionada nacional de búsqueda, Karla Quintana, quien ha dicho que la intención del censo ordenado por el presidente Andrés Manuel López Obrador para actualizar los datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas es la de reducir las cifras en un periodo particular.
«Cualquier intención por alterar los datos y hacer que no respondan a la realidad, como ha denunciado públicamente la excomisionada Karla Quintana en últimas fechas, sin duda nos plantea un problema, porque querer desaparecer el problema de la desaparición es algo grave; si no lo tenemos en la cabeza, si no lo tenemos presente, pues no podemos hacer nada para buscarlos. Si seguimos con el principio de que esto se acaba hasta encontrarles a todos, hasta que no se repita y hasta conocer la verdad, pues necesitamos agarrar el toro por los cuernos y eso implica afrontar la realidad que podamos conocer a través de las estadísticas», concluyó.
