La Universidad de Harvard, una de las instituciones educativas más prestigiosas del mundo, ha decidido enfrentar abiertamente al gobierno del presidente Donald Trump. La disputa estalló cuando el gobierno federal amenazó con congelar más de 2,200 millones de dólares en fondos federales, en respuesta a la negativa de Harvard de cumplir una serie de exigencias que, según la universidad, comprometen su independencia académica y valores fundamentales.
¿Qué detonó el conflicto?
Todo comenzó cuando la administración Trump exigió a Harvard implementar una serie de medidas supuestamente orientadas a combatir el antisemitismo en el campus. Entre las órdenes más concretas estaba la prohibición del uso de máscaras durante las protestas estudiantiles. Sin embargo, muchas otras exigencias eran vagas y ambiguas, dificultando su interpretación.
Lo que parecía un desacuerdo menor escaló rápidamente. A última hora del viernes, el gobierno federal envió a Harvard un documento de cinco páginas con una serie de nuevas demandas que abarcaban desde cambios en políticas de admisión, contratación y profesorado, hasta el cierre inmediato de programas relacionados con diversidad, equidad e inclusión.
La respuesta de Harvard
La universidad tardó menos de 72 horas en responder con un rotundo “no”. El rector interino de Harvard, Alan M. Garber, publicó una carta abierta donde afirmó:
“La universidad no renunciará a su independencia ni a sus derechos constitucionales”.
Esta declaración no solo fue contundente, sino que representó el mayor acto de desafío de una institución académica hacia el gobierno de Trump desde que comenzó su presión contra el ámbito universitario.
Los líderes de Harvard consideraron que aceptar estas condiciones no solo amenazaba la misión educativa de la universidad, sino que sentaría un peligroso precedente para todas las instituciones de educación superior en EE. UU.
¿Qué exigía el gobierno?
Las demandas del gobierno federal iban mucho más allá de la lucha contra el antisemitismo. Entre los puntos más polémicos se encontraban:
- La eliminación de cualquier programa de diversidad, equidad e inclusión.
- Reformas en la contratación y admisión de estudiantes, basadas exclusivamente en «mérito».
- Auditorías en la contratación de estudiantes internacionales.
- La creación de informes de cumplimiento hasta el 2028.
- La revisión externa de programas considerados “ideológicamente capturados”.
Para muchos, estas exigencias evidencian una intención de reformar ideológicamente las universidades, acusadas por sectores conservadores de promover una agenda progresista.
Consecuencias inmediatas
La represalia del gobierno no tardó. Además de la congelación de fondos, se puso en riesgo una suma adicional de casi 7,000 millones de dólares, especialmente aquellos destinados a hospitales y centros de investigación afiliados con Harvard. Esto ya ha tenido efectos reales: la Escuela de Salud Pública de Harvard confirmó que uno de sus investigadores líderes tuvo que suspender su trabajo financiado por los Institutos Nacionales de Salud.
Pese a contar con una dotación de aproximadamente 53,000 millones de dólares, gran parte de estos fondos están restringidos a fines específicos. Harvard, como muchas universidades, es reacia a usar su fondo de dotación para cubrir gastos operativos, pero podría verse obligada a hacerlo si el congelamiento se prolonga.
¿Por qué ahora?
La decisión de Harvard se da en un contexto donde otras universidades, como Columbia, han cedido ante las presiones del gobierno para no perder financiamiento. En contraste, Harvard decidió plantarse. La diferencia fue tan marcada que Steven Pinker, profesor y copresidente del Consejo de Libertad Académica de Harvard, describió las demandas del gobierno como “casi inconcebibles”.
El exrector de Harvard y exsecretario del Tesoro, Lawrence Summers, opinó que las exigencias eran tan extremas que, paradójicamente, facilitaron la decisión de rechazar el acuerdo.
Un precedente con implicaciones nacionales
La postura de Harvard podría redefinir la relación entre el gobierno federal y las universidades privadas. Desde la Segunda Guerra Mundial, ambas partes han mantenido una estrecha colaboración, especialmente en temas de investigación científica. Pero este conflicto sugiere que esa era podría estar llegando a su fin, al menos bajo la administración Trump.
Mientras tanto, otras instituciones observan con atención. La respuesta de Harvard ha sido bien recibida en muchos campus, donde se teme que ceder ante estas presiones socave la libertad académica y la autonomía institucional.
Steven Levitsky, politólogo de Harvard, lo resumió de manera contundente ante sus alumnos:
“Parece que Harvard ha decidido que es hora de luchar”.
Y al parecer, muchos están listos para aplaudir.