El pacto sin precedentes para que el exministro mexicano de Defensa Salvador Cienfuegos sea liberado en las próximas horas desde Estados Unidos a México para que sea juzgado en su país supone una victoria diplomática y política para las autoridades mexicanas, aunque también podría representar un serio problema.
El Departamento de Justicia estadounidense solicitó este martes «la desestimación de los cargos penales contra Cienfuegos para que pueda ser investigado y, si corresponde, ser acusado, de conformidad con la legislación mexicana».
Este hecho insólito, del que informaron las fiscalías de ambos países en un comunicado conjunto, ha generado una enorme expectación y también ciertas dudas.
«No hay nada oculto, nosotros actuamos a partir de principios y lo que se hizo en este caso fue intervenir en materia política, diplomática, para expresar nuestra inconformidad», dijo este miércoles desde Palacio Nacional el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en una rueda de prensa matutina dedicada exclusivamente al tema y de casi dos horas.
El presidente había criticado la detención en Estados Unidos porque ejemplificaba la injerencia externa de la DEA en México.
Por ello, para el mandatario este fue un acto de diplomacia, con intervención directa de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), al reconocer que se intervino por la reputación del Ejército, y evitar que sin pruebas «se socaven nuestras instituciones».
Cienfuegos, exsecretario de Defensa de Enrique Peña Nieto (2012-2018) fue detenido el pasado 15 de octubre en el aeropuerto de Los Ángeles y posteriormente trasladado a Nueva York.
El general se ha declarado no culpable de los cinco cargos de los que se le acusaba por narcotráfico y lavado de activos, supuestamente cometidos mientras era ministro.