El primer ministro de Haití, Ariel Henry, denunció, en una entrevista con la AFP este lunes un intento de asesinato en su contra cometido durante las celebraciones de la fiesta nacional organizadas el sábado en la ciudad de Gonaïves.
«Han intentado algo contra mí, personalmente», afirmó el jefe de gobierno haitiano, quien dirige la nación desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse por un comando armado el 7 de julio.
«Mi vida está en el punto de mira de la gente», agregó.
Enfrentamientos entre la policía y grupos armados estallaron el sábado durante la celebración de la fiesta nacional en Gonaïves, a 150 km al norte de la capital, Puerto Príncipe.
Bajo ráfagas de disparos, Henry y los oficiales presentes se vieron forzados a abandonar precipitadamente la ciudad donde se firmó la declaración de independencia de Haití, el 1º de enero de 1804.
En fotos transmitidas a la AFP por su gabinete, se ve un impacto de bala en el parabrisas del vehículo blindado del primer ministro.
A finales de diciembre, grupos de ciudadanos y miembros de bandas armadas de Gonaïves, la tercera ciudad más grande de Haití, expresaron de forma violenta su oposición a la llegada del mandatario.
Chantaje
«Yo sabía que yo corría ese riesgo», confirmó Henry por teléfono.
«No se puede aceptar que bandidos del entorno que sean, por motivos despreciablemente pecuniarios, quieran chantajear al Estado», indicó, precisando que miembros de pandillas pidieron dinero a cambio de no atacarlo durante su visita a Gonaïves.
El asesinato, hace seis meses, del presidente haitiano en su residencia privada amplificó la profunda crisis política en la que el país caribeño está inmerso desde hace años.
Aunque figuran varios haitianos, dos estadounidenses y unos 15 colombianos presuntamente implicados en el asesinato de Moïse fueron encarcelados en la prisión de Puerto Príncipe desde el verano, la investigación sobre el magnicidio no parece avanzar.
Por falta de pruebas, uno de los sospechosos arrestado en octubre en Jamaica será devuelto a Colombia, informaron el sábado los medios jamaiquinos.
Sin un parlamento funcional desde dos años y con un poder judicial paralizado por la ausencia de jueces en la mayor corte del país, Haití se hunde en una crisis de gobernanza que agrava la pobreza de por sí endémica.
El creciente control de las pandillas sobre el territorio nacional lastra las esperanzas de una mejora de las condiciones de vida para la población, víctima de secuestros cometidos a diario por las bandas armadas.
Dos años después de la salida del país de los últimos policías de Naciones Unidas, el primer ministro asegura que las fuerzas nacionales son capaces de restaurar la seguridad.
«Hasta ahora, nunca pedí (la llegada de) tropas extranjeras», indicó Henry a la AFP. Sin embargo, solicitó a la comunidad internacional un apoyo en formación «y eventualmente en material».
«Con nuestros hombres, con la policía, vamos a lograrlo, debemos lograrlo», concluyó.
Sin equipo adecuado para confrontar a las pandillas que disponen de un arsenal de guerra, la policía lidia también con escasez de personal, ya que numerosos agentes abandonaron el cargo para buscar un mejor futuro en el extranjero.
Al menos 950 secuestros fueron registrados en Haití en 2021, según el Centro de Análisis e Investigación de Derechos Humanos, que tiene su sede en Puerto Príncipe.
