La Corte Penal Internacional (CPI) ha condenado enérgicamente las sanciones impuestas por el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificándolas como un ataque sin precedentes contra la justicia internacional. La administración de Trump ordenó medidas restrictivas contra miembros del tribunal, congelando activos y bloqueando el acceso a territorio estadounidense de fiscales e investigadores que llevan a cabo indagaciones sobre presuntos crímenes de guerra cometidos por tropas estadounidenses en Afganistán, así como investigaciones sobre Israel y Palestina.
Las sanciones, decretadas bajo el argumento de proteger la soberanía estadounidense, fueron vistas por la CPI como un intento de intimidación y obstrucción de sus labores. La corte reafirmó su compromiso con la lucha contra la impunidad y dejó claro que su mandato no está sujeto a presiones políticas.
O-Gon Kwon, presidente de la Asamblea de Estados Partes de la CPI, expresó su profunda preocupación por las medidas de Washington y aseguró que estas socavan la credibilidad del sistema de justicia internacional. Organismos como Naciones Unidas y la Unión Europea se sumaron a las críticas contra la decisión estadounidense, instando a EE.UU. a retirar las sanciones y a respetar la independencia judicial del tribunal.
La CPI, establecida en 2002 mediante el Estatuto de Roma, tiene la misión de enjuiciar crímenes de guerra, de lesa humanidad y genocidios. A pesar de que Estados Unidos no es miembro del tribunal, su interferencia en las investigaciones ha generado un debate global sobre los límites del poder estadounidense y la necesidad de fortalecer las instituciones internacionales en la lucha por la justicia y los derechos humanos.
Países como Alemania, Francia y Suiza han reiterado su apoyo a la CPI, subrayando la importancia de garantizar su operatividad sin presiones externas. En un contexto de crecientes tensiones entre EE.UU. y organismos internacionales, este conflicto resalta los desafíos en la aplicación de la justicia global y el impacto de las decisiones políticas en la lucha contra la impunidad.