La presidenta Claudia Sheinbaum ha puesto en primer plano la problemática de las desapariciones en México, un tema que ha generado múltiples escándalos en el país. El reciente hallazgo de objetos personales y restos humanos en el rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, ha dejado una profunda conmoción, evocando imágenes perturbadoras que recuerdan tragedias pasadas. Aunque las desapariciones son un fenómeno cotidiano en México, cada sexenio se ve marcado por un escándalo mediático que sacude las bases del poder.
Este lunes, Sheinbaum anunció una serie de medidas para abordar el caos administrativo que rodea la búsqueda de personas desaparecidas. Las reformas legales que propone buscan unificar los registros de identificación en todo el país, empezando por los datos que poseen las fiscalías y los servicios forenses, para lograr una coordinación efectiva de la información. A diferencia de administraciones pasadas, la presidenta ha expresado un claro apoyo a las víctimas de estos crímenes.
Con más de 115,000 personas desaparecidas según los registros oficiales, este problema se ha convertido en un tema político crucial. Tras el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador prometió esclarecer la verdad, pero dejó insatisfechos a los colectivos de búsqueda, quienes, al final de su mandato, expresaron frustración. Ahora, es Sheinbaum quien enfrenta este desafío, asegurando que las desapariciones actuales son producto del crimen organizado y no de acciones del Estado, como ocurrió durante la Guerra Sucia o con los estudiantes de Ayotzinapa. No obstante, el papel de las autoridades estatales y locales, como las fiscalías y la policía, no debe subestimarse, ya que no siempre han estado a la altura de las circunstancias. El caso de Teuchitlán es solo un ejemplo de las deficiencias en la seguridad y la justicia que aún persisten.
Una de las principales medidas que Sheinbaum ha propuesto es la coordinación de los datos de las fiscalías estatales, que actualmente operan de manera desorganizada. Recientemente, se conoció el caso de varios jóvenes desaparecidos de Tlaxcala, cuyos cuerpos fueron encontrados en Puebla, pero sin que las autoridades locales mostraran interés por resolver el caso. En Teuchitlán, las fuerzas del orden aparentemente pasaron por alto evidencias claras de lo que ocurría en el rancho, dejando a las familias sin respuestas durante meses.
A pesar de los esfuerzos de la presidenta, algunos familiares de desaparecidos han expresado su escepticismo, señalando que muchas de las medidas propuestas ya tienen un marco legal, pero carecen de la voluntad política para implementarlas. Critican, por ejemplo, que las investigaciones no se inicien de inmediato al reportar una desaparición, a pesar de que ya existe una normativa al respecto. Además, han recordado el desmantelamiento del Centro Nacional de Identificación Humana durante el mandato de López Obrador. En este sentido, Sheinbaum tiene la oportunidad de marcar una diferencia significativa en comparación con su predecesor.
Uno de los grandes retos de México no son las leyes, sino su implementación. Las madres que buscan a sus hijos enfrentan riesgos similares a los que sufrieron sus familiares, expuestas a violencias mientras realizan su labor sin la protección adecuada. Sin embargo, son los ciudadanos quienes, en muchos casos, descubren y denuncian los sitios de exterminio como el de Teuchitlán. Comentarios como los del presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, quien cuestionó si los objetos encontrados en el rancho realmente pertenecen a personas desaparecidas, no ayudan a avanzar en la búsqueda de responsables ni a dar tranquilidad a las familias.
Claudia Sheinbaum también ha invitado al gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, a Palacio Nacional para abordar el caso de Teuchitlán. Aunque Lemus asumió el cargo recientemente, su partido, Movimiento Ciudadano, estaba en el poder en Jalisco cuando ocurrieron los hechos. En este contexto, es necesario que se esclarezcan las responsabilidades de las autoridades locales.
Las desapariciones en México son un grave problema de derechos humanos que ha perdurado a lo largo de varios sexenios y gobiernos. Sheinbaum ha decidido no eludir este tema y ha propuesto una serie de medidas que aún están en proceso de implementación. La presidenta ha dejado claro que la solución no solo depende de la política, sino que involucra a todos los niveles de gobierno, incluidas las fuerzas de seguridad y el poder judicial, y ha resaltado que muchas veces las leyes existen, pero la voluntad de los servidores públicos es lo que realmente marca la diferencia.