Después de más de 16 años sin rendir cuentas ante la justicia mexicana, Sandra Lucía Téllez Nieves —copropietaria de la Guardería ABC en Hermosillo— fue detenida en Arizona, Estados Unidos. La captura ocurrió el pasado 2 de agosto, tras la emisión de una ficha roja por parte de Interpol.
Téllez Nieves es señalada como una de las responsables de la tragedia ocurrida el 5 de junio de 2009, cuando un incendio en la guardería provocó la muerte de 49 niñas y niños, y dejó más de un centenar de menores con lesiones de por vida. La detención fue revelada por el periodista Luis Cárdenas, quien difundió una carta del colectivo Manos Unidas por Nuestros Niños, integrado por familiares de las víctimas.
De acuerdo con el documento, Téllez fue ubicada en el Centro de Detención de Eloy, Arizona, tras años de permanecer prófuga de la justicia. Pesa sobre ella una sentencia definitiva de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por homicidio y lesiones culposas.
Lo que preocupa a los familiares es que, según señalan, una firma de abogados en Arizona ya inició una solicitud de asilo político a nombre de Téllez Nieves, bajo el argumento de “persecución judicial”, lo que consideran una maniobra legal para evitar su extradición a México.
El colectivo exigió una respuesta inmediata por parte del gobierno federal, y denunció que hasta ahora ninguna autoridad mexicana ha confirmado oficialmente la detención, lo cual consideran una omisión grave. A través de una carta abierta dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum y al fiscal Alejandro Gertz Manero, las familias pidieron actuar sin demora y evitar que el caso quede impune, como ha ocurrido durante más de una década.
“La impunidad ha marcado este caso desde el principio”, sentenció Juana Luna Hernández, presidenta del colectivo, quien recordó los vínculos de los propietarios de la guardería con figuras clave del gobierno estatal y con la élite empresarial de Sonora.
Para los familiares de las víctimas, la captura de Téllez representa un punto de inflexión: una oportunidad para avanzar hacia la justicia y romper el silencio institucional que ha rodeado uno de los episodios más dolorosos de la historia reciente del país.