Las recientes incautaciones de más de un millón y medio de litros de hidrocarburos en dos instalaciones de Veracruz dejaron al descubierto algo más grave que el robo de combustible: la normalización del huachicol en estructuras industriales disfrazadas de legalidad, que operaban desde hace años sin mayor vigilancia real.
Las dos plantas, ubicadas en Moloacán (al sur del estado) y en Las Vigas de Ramírez (a una hora de Xalapa), contaban con permisos ambientales vigentes, presentaron Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA) e incluso fueron inspeccionadas por la Profepa, autoridades de Protección Civil e integrantes del Ejército, mucho antes de que fueran aseguradas por su presunta participación en el tráfico de hidrocarburos.
Ambos sitios funcionaban como supuestos centros de acopio y tratamiento de residuos peligrosos, pero según las investigaciones federales, eran en realidad puntos clave en una red de saqueo a Pemex, operando con el conocimiento —o la omisión— de autoridades y pobladores.
Proceso investigó los antecedentes de estas instalaciones, su constitución legal, los nombres detrás de las razones sociales y las conexiones con otros casos de robo de combustible en la región. Lo que queda en evidencia es una estructura que va más allá de simples tomas clandestinas: se trata de plantas huachicoleras que funcionaban como parte de un modelo industrial paralelo, operado desde hace tiempo con total impunidad.
Este caso refleja una red de complicidad institucional y empresarial que permitió que el saqueo de combustibles ocurriera a plena vista, sin consecuencias, hasta ahora.