El presidente asegura que el antiguo director de la Agencia de Investigación Criminal acudió a sus proveedores de equipos de espionaje para esconderse y evadir la justicia en México.
Tomás Zerón, antiguo director de la Agencia de Investigación Criminal, recurrió a las empresas israelíes que le vendieron equipos de espionaje para fugarse de México y evadir las acusaciones de tortura por el Caso Ayotzinapa. Así lo aseguró el presidente, Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia de prensa de este martes. “¿Por qué creen ustedes que el señor que está acusado de tortura, Zerón, se fue a Israel? ¿Por qué allá lo están protegiendo?”, cuestionó el mandatario.
López Obrador se lanzó contra el Gobierno israelí y adelantó que enviará otra carta al primer ministro, Benjamín Netanyahu, para exigir que el exfuncionario sea devuelto al país y enfrente a la justicia. “Ningún país debe proteger a torturadores, mucho menos un país que su pueblo padeció y sufrió de torturas”, zanjó.
El anuncio de López Obrador y la controversia diplomática con Israel se dio de forma inesperada. Los medios de comunicación le habían preguntado sobre el espionaje del que fue víctima el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, a manos de la inteligencia militar, según una investigación de The New York Times. El diario estadounidense señaló que el teléfono de Encinas fue infectado con el programa espía Pegasus, desarrollado por la empresa israelí NSO Group, y el presidente fue cuestionado, en su calidad de comandante de las Fuerzas Armadas, por el espionaje entre agencias de su propio Gobierno.
“Nosotros no espiamos, que quede claro”, insistió López Obrador. El presidente ha negado en varias ocasiones que el Ejército y otras corporaciones de Seguridad de su Administración espiaran a periodistas, opositores y defensores de Derechos Humanos, pese a informes oficiales que se han filtrado en los últimos meses. El caso de espionaje contra Encinas, que ha evitado pronunciarse, ha sido uno de los más delicados porque encabeza las investigaciones sobre la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa en 2014 y porque ha levantado dudas sobre las resistencias que persisten dentro de las Fuerzas Armadas para que la verdad salga a la luz. También ha vuelto a poner en la mira la relación que ha establecido este Gobierno con los militares, a quienes ha encomendado tareas clave como la construcción de megaproyectos, el reparto de medicinas y vacunas, y programas insignia como Sembrando Vida.
“Es una invención”, reviró López Obrador, que ha defendido la intervención de comunicaciones como “tareas de inteligencia” y acciones contra el crimen organizado. La primera reacción del presidente para descalificar los señalamientos y dar un nuevo espaldarazo al Ejército fue revertir los cuestionamientos y señalar a la oposición y a países extranjeros de espiar en México. “¿Quiénes son los que espían todavía? Los que espiaban antes y siguen espiando, y ahora son nuestros adversarios y no dudo que también algunas agencias del extranjero”, comentó.
El mandatario insinuó en abril que el Pentágono estaba detrás de las filtraciones atribuidas al grupo de hackers Guacamaya, el mayor ciberataque que han sufrido las Fuerzas Armadas en México y que sacó a la luz millones de archivos, varios de ellos sensibles y confidenciales. López Obrador también ha cargado contra el Departamento de Estado de EE UU con acusaciones similares, bajo el argumento de que se busca desestabilizar a su Gobierno, pero en ninguno de los casos ha aportado pruebas. También criticó al Centro Prodh, una de las organizaciones civiles que han acompañado los esfuerzos para aclarar a la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa y que ha denunciado ser blanco de espionaje del Ejército, de no apoyar los esfuerzos de su Gobierno para esclarecer los hechos y “esperar que fracasen”.
En esa asociación de ideas, López Obrador desenterró el caso de Zerón, acusado de delitos cometidos en el primer tramo de las investigaciones del caso Ayotzinapa, como espionaje y tortura. El Gobierno de López Obrador entregó en enero pasado la documentación para solicitar la extradición del exfuncionario, que salió de México desde agosto de 2019. Israel tiene una de las legislaciones más restrictivas en materia de extradición. Andrés Roemer, otro exfuncionario del Gobierno de Enrique Peña Nieto, también se estableció en el país de Oriente Próximo tras ser acusado de violación, por ejemplo.
La principal explicación de la incapacidad de sentar a Zerón en el banquillo de los acusados había sido la reticencia de las autoridades israelíes de entregarlo. López Obrador insinuó en esta ocasión que el exfuncionario recibió ayuda para esconderse de sus antiguos proveedores de Israel, un país en conflicto y que tiene una de las mayores industrias armamentistas del mundo.
“Israel no puede ser refugio de torturadores, con todo respeto. Ningún país, pero Israel menos, es un asunto de su historia, es un asunto moral”, dijo López Obrador a los medios en octubre de 2021. El presidente mexicano ya había enviado una carta a Neftalí Bennett, entonces primer ministro de Israel. En noviembre pasado, Netanyahu, del partido derechista Likud, ganó las elecciones para gobernar por un sexto mandato. “Estoy seguro de que va a haber respuesta”, dijo el mandatario sobre la nueva carta que enviará a Tel Aviv. “Hay que ver quién lo hizo, pero no fue el Gobierno federal, no fue el Ejército, no fue el sistema de inteligencia”, insistió el presidente sobre el espionaje a Encinas.