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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el miércoles una ley que le permitiría imponer sanciones a China por su tratamiento de los uigures, generando furiosas reacciones en Pekín.

China ha sido acusada de graves violaciones de derechos humanos en contra de esta minoría musulmana que se concentra en la región de Sinkiang, en el noroeste del país.

Y la «Ley de Política de Derechos Humanos Uigur de 2020″, finalmente sancionada por Trump, ordena la identificación de los principales responsables de los supuestos abusos para su posible sanción bajo los términos de la Ley Global Magnitsky sobre Responsabilidad de Derechos Humanos.

Primero fueron los aranceles a la cebada australiana, luego la carne de sus mataderos y ahora el veto está llegando a las universidades.

La pandemia del coronavirus ha hecho evidentes algunos problemas subyacentes entre China y Australia que amenazan los multimillonarios ingresos que el gigante asiático deposita en el país oceánico.

«China está usando el comercio para posicionar su agenda política y mostrar su descontento con Australia, pero hay un fuerte elemento nacionalista en el discurso de Australia, que no quiere mostrarse débil», afirma la periodista australiana Rebecca Henschke, editora del Servicio Asiático de la BBC.

Un detonante de la escalada actual lo podemos encontrar en que Australia pidió que se abriera una investigación internacional independiente sobre los orígenes del nuevo coronavirus, algo que también había solicitado Estados Unidos.

«Han tenido cientos de miles de muertos, millones han perdido sus empleos y miles de millones han visto sus vidas afectadas. Lo mínimo que el mundo puede esperar es que haya una investigación. Y Australia no está sola [en pedir esa investigación]», decía el ministro de Comercio, Turismo e Inversión de Australia, Simon Birmingham, hace apenas un mes.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este martes una orden ejecutiva que introduce varias reformas policiales, al tiempo que rechaza los llamamientos para retirar fondos o desmantelar a la policía.

Creará una base de datos federal de quejas contra agentes.

También alentará el despliegue de trabajadores sociales junto con los policías para tratar casos no violentos relacionados con adicción a las drogas y falta de vivienda.

El presidente dijo que el gobierno estaba buscando nuevas «armas menos letales para evitar interacciones mortales».

La orden del presidente tampoco afecta la inmunidad calificada, una doctrina que protege a los funcionarios del gobierno de ser responsables a menos que violen los derechos constitucionales «claramente establecidos».