Un tribunal de Estados Unidos asestó un golpe a la política comercial del expresidente Donald Trump al bloquear los aranceles que había impuesto en marzo a las importaciones provenientes de México, Canadá y China. La decisión fue tomada por un panel de tres jueces del Tribunal de Comercio Internacional, con sede en Nueva York, al considerar que Trump se excedió en su autoridad al aplicar estas medidas.
Los aranceles, anunciados durante lo que Trump llamó el “Día de la Liberación”, formaban parte de su estrategia para reducir el déficit comercial de EE.UU. con el mundo y, según él, presionar a gobiernos extranjeros a actuar contra el tráfico de fentanilo. Sin embargo, los jueces concluyeron que las tarifas no respondían a una amenaza “inusual y extraordinaria”, como lo requiere la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés), utilizada como fundamento legal.
“El argumento del gobierno se basa en ejercer presión sobre países específicos. Eso no justifica el uso de poderes de emergencia”, señala el fallo.
Con esta resolución, el tribunal dejó sin efecto los aranceles del 25% impuestos a productos de México, Canadá y China, argumentando que no abordaban adecuadamente el problema del narcotráfico, ni cumplían con los requisitos legales de una emergencia nacional.
El fallo, sin embargo, no anula los gravámenes aplicados al acero, aluminio y vehículos provenientes de México y Canadá.
Casa Blanca responde y apela la decisión
La administración Trump respondió con dureza a la sentencia. El portavoz Kush Desai calificó a los jueces como “no elegidos” y sostuvo que el Ejecutivo tiene la facultad de actuar frente a emergencias nacionales.
“El presidente Trump prometió poner a Estados Unidos primero, y la administración usará todas las herramientas a su alcance para abordar esta crisis y restaurar la grandeza estadounidense”, declaró Desai.
El Departamento de Justicia ya presentó una apelación contra la decisión del tribunal.
El fallo se dio en respuesta a una demanda impulsada por los fiscales generales de 12 estados y por pequeñas empresas estadounidenses, que denunciaron que el expresidente había excedido sus facultades legales al imponer aranceles de forma unilateral.