La tensión entre el expresidente Donald Trump y la Universidad de Harvard no da tregua. En una nueva escalada, la administración Trump ha solicitado a diversas agencias federales la cancelación de contratos con la prestigiosa universidad por un valor estimado de 100 millones de dólares. Esta medida se suma a una serie de decisiones recientes que buscan presionar a la institución para que implemente cambios en sus políticas internas.
Según altos funcionarios del gobierno, ya se han eliminado más de 2 mil 600 millones de dólares en subvenciones federales destinadas a investigaciones, y ahora se apunta a 30 contratos activos con nueve agencias gubernamentales. Los proyectos incluyen desde programas de formación ejecutiva para el Departamento de Seguridad Nacional hasta estudios sobre el impacto de bebidas energéticas en la salud.
Aunque se ha instruido a las agencias a no interrumpir de inmediato los contratos considerados esenciales, sí se les ha pedido que preparen un plan para reemplazar a Harvard como proveedor.
El conflicto va más allá del dinero
Este movimiento no ocurre en el vacío. La disputa de Trump con Harvard ha cobrado un tono ideológico y político cada vez más marcado. El expresidente ha acusado repetidamente a la universidad de ser un bastión del liberalismo y de no combatir con suficiente firmeza el antisemitismo dentro de su comunidad.
La universidad, por su parte, ha respondido con demandas legales tras las presiones de la administración para reformar su liderazgo, sus políticas de admisión y sus normas de gobernanza. También se encuentra en medio de una batalla por mantener su capacidad de inscribir estudiantes internacionales, luego de que el gobierno tomara medidas para bloquear ese derecho.
Una jueza federal en Boston otorgó recientemente una suspensión temporal a esa orden, tras considerar que la universidad podría sufrir un daño “inmediato e irreparable” si se le impedía seguir admitiendo estudiantes extranjeros.
El blanco: los estudiantes internacionales
Otro punto sensible de esta confrontación es el tratamiento de los estudiantes internacionales. Trump ha exigido a Harvard que entregue listas detalladas con los nombres de estos alumnos, alegando que algunos podrían representar riesgos para la seguridad nacional. Incluso llegó a insinuar que “lunáticos radicalizados” podrían estar aprovechándose del sistema educativo estadounidense, aunque no aportó evidencia clara al respecto.
Harvard afirma haber cumplido con los requerimientos del Departamento de Seguridad Nacional, pero la agencia considera que la respuesta fue insuficiente y continúa explorando vías para sancionar a la institución.
Una ofensiva con ecos internacionales
La controversia ha comenzado a tener repercusiones fuera de Estados Unidos. El gobierno japonés, por ejemplo, anunció que buscará formas de apoyar a los estudiantes afectados por las sanciones estadounidenses. La Universidad de Tokio incluso evalúa la posibilidad de recibir temporalmente a alumnos desplazados por las restricciones de Trump.
Mientras tanto, el expresidente ha sugerido que los 3 mil millones de dólares en subvenciones que podrían ser retirados a Harvard deberían ser redirigidos a escuelas técnicas en todo el país, un gesto que, si bien podría verse como una estrategia para apoyar la educación práctica, también refuerza su narrativa de castigo hacia las élites académicas.