El exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba, podría abandonar la prisión en las próximas semanas luego de que el defensor Chris Flood y el fiscal James Sturgis presentaran una moción conjunta para una sentencia «enmendada», y el juez Rolando Olvera de la Corte Federal del distrito sur de Texas, aceptó revisar el fallo que él mismo aplicó.
En marzo de este año el juez Rolando Olvera aplicó una pena de 108 meses (9 años) al exfuncionario tamaulipeco, que finalmente quedó en 8 años 8 meses según la fecha de salida (Dic 2025) marcada por la ficha actual del exfuncionario en el Buró de Prisiones, que presuntamente toma como punto de partida la detención del 2017.
Ahora su defensa busca otra reducción que ya fue palomeada por Olvera, quien aún no aclara a cuánto ascenderá este nuevo recorte. El argumento principal usado en la audiencia de marzo por el defensor Flood es que el exfuncionario tamaulipeco «fue puesto en confinamiento solitario» durante cinco años por el Servicio de Alguaciles donde lo designaron como reo «en peligro» y no como «peligroso».
Ese régimen de aislamiento puede ahora favorecer su caso y acortaría su estancia en la penitenciaría de alta seguridad Thomson en la fría Illinois a donde fue enviado pese a que el juez concedió la sugerencia de Flood de que fuera remitido a FCI Bastrop, muy cerca de Austin, la capital al sur de Texas.
Y aunque en la moción ingresada hace un par de días en la corte texana Flood insiste en que se le debe contar tiempo de prisión cumplido a partir de abril del 2017, durante la audiencia de marzo donde sentenciaron a su cliente el litigante mostró sus verdaderas intenciones:
«Voy a sugerir esto, Su Señoría, si se toma la mitad de los 60 meses que ha estado bajo custodia protectora, entonces 30 meses debían ser quitados de la recomendación de 108 que emitió el gobierno, pedimos que se añadan 30 meses adicionales a su crédito» empujó el litigante quien al final aclaró sus cuentas: «Poniendo números a ese argumento, Señoría, eso haría una sentencia de 78 meses».
De aceptarse esta petición, la pena quedaría en 6 años y 6 meses de prisión que ya se cumplieron en octubre de 2023.
Tomás Jesús Yarrington Ruvalcaba, gobernador entre 1999 y 2005, fue acusado por la DEA y él mismo aceptó años después ante un juez, que durante su mandato recibió sobornos por parte de grupos de la delincuencia organizada. «Esos fondos ilegales los blanqueó aquí en los Estados Unidos para mantener un estilo de vida muy lujoso», dijo la fiscal Karen Betancourt en la audiencia donde lo sentenciaron.