«Es oficial, Boris Johnson viola el derecho internacional», tituló el diario francés Libération.
Y no, no parece ser una hipérbole.
La semana pasada el gobierno británico presentó un proyecto de ley que les permitiría a sus ministros desconocer elementos del acuerdo de salida de la Unión Europea negociado por el mismo Johnson a raíz del Brexit.
Y, en el parlamento, el para Irlanda del Norte, Brandon Lewis, reconoció públicamente que la medida representaba una violación de las obligaciones internacionales de Reino Unido.
«Sí, esto viola el derecho internacional», dijo Lewis del polémico Proyecto de Ley sobre Mercados Internos.
Pero el ministro también insistió en que solo lo hacía «en una forma muy limitada y específica».
Mucho más contundente, sin embargo, fue la opinión de los tres principales asesores legales del gobierno británico, según un documento confidencial obtenido por el diario The Guardian.
El procurador general, el fiscal general y el procurador general para Escocia coinciden en que las disposiciones contempladas en el proyecto de ley «constituirían una clara violación del acuerdo de salida y de la obligación de derecho internacional de Reino Unido de actuar de buena fe en lo que respecta a obligaciones derivadas de tratados».
La posición oficial legal del gobierno británico, sin embargo, es que «el parlamento es soberano en lo que respecta a las leyes internas y puede aprobar legislación que contravenga las obligaciones derivadas de tratados».
Aunque según un dictamen legal de la Unión Europea, sin embargo, la violación no depende siquiera de la aprobación de la propuesta de ley por el parlamento -que de hecho no está garantizada– sino que se habría hecho efectiva con la mera presentación de la misma.
Y tanto en Bruselas como en Londres se han lazado numerosas voces advirtiendo que la movida tendrá consecuencias.
