El gobierno de México defendió la reciente entrega de 29 presuntos narcotraficantes a Estados Unidos, asegurando que se trató de una respuesta a una «solicitud bien fundada» de las autoridades estadounidenses y no de una extradición.
El fiscal general de México, Alejandro Gertz, explicó que la decisión se basó en la legislación vigente, específicamente en el artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional y el artículo 89 de la Constitución. Asimismo, señaló que la medida está en línea con la Convención de Palermo, un tratado internacional que promueve la cooperación contra el crimen organizado.
Un traslado sin precedentes
Entre los detenidos trasladados se encuentra Rafael Caro Quintero, fundador del Cártel de Guadalajara, junto con miembros de organizaciones como el Cártel de Sinaloa, Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cártel del Noreste y La Nueva Familia Michoacana. La medida se produjo en un momento de alta tensión en las relaciones entre México y EE.UU., justo antes de que venciera el plazo dado por el gobierno de Donald Trump para aplicar aranceles del 25% a productos mexicanos, en reclamo de mayores esfuerzos contra el tráfico de drogas y la migración irregular.
Gertz descartó cualquier posibilidad de que los detenidos sean condenados a la pena de muerte en EE.UU., asegurando que México tiene acuerdos que garantizan el respeto a sus leyes en los países con los que colabora.
El juez Robert M. Levy, en una audiencia en EE.UU., confirmó que Caro Quintero fue expulsado bajo una disposición de seguridad nacional, lo que evitó el proceso formal de extradición.
México refuerza su postura ante EE.UU.
El gobierno mexicano ha señalado que este operativo demuestra su compromiso en la lucha contra el narcotráfico y el combate al tráfico de fentanilo, un tema clave en la relación bilateral con Estados Unidos. La presidenta Claudia Sheinbaum confió en que la cooperación entre ambas naciones ayudará a evitar sanciones comerciales y fortalecerá los esfuerzos conjuntos contra el crimen organizado.