El combate al huachicol en México ha comenzado a enfocar su atención en un eslabón poco visibilizado de la cadena: las empresas comercializadoras y distribuidoras de hidrocarburos. De acuerdo con fuentes del gabinete de seguridad federal, estas compañías son clave en el traslado y venta del combustible robado o de dudosa procedencia, ya que son ellas quienes lo colocan finalmente en manos del consumidor final.
El crecimiento del mercado privado tras la reforma energética de 2013 permitió la proliferación de actores en el sector. Según cifras oficiales, entre mayo de 2015 y junio de 2024, la ahora desaparecida Comisión Reguladora de Energía (CRE) recibió 983 solicitudes de permiso para comercializar hidrocarburos. De ellas, poco más de la mitad fueron autorizadas, y aún hay más de 250 trámites en proceso.
La preocupación de expertos en energía es que algunos de estos permisos se están utilizando de forma opaca. Señalan que es urgente que la Fiscalía General de la República (FGR) investigue cómo se introduce el huachicol al país y cuál es el rol que juegan comercializadores, transportistas y distribuidores en la legalización de ese combustible.
Uno de los casos que ha encendido las alertas fue el decomiso récord de 15 millones de litros de combustible ilegal el pasado 7 de julio. El producto era transportado en 129 carrotanques vinculados a la empresa importadora Ingemar S.A. de C.V. Las investigaciones posteriores han puesto en la mira a las empresas que reciben, comercializan y distribuyen ese tipo de combustible dentro del país.
Ramsés Pech, analista y asesor del sector energético, ha señalado que la responsabilidad también recae en las autoridades que otorgan permisos. “La Comisión Nacional de Energía debe revisar a fondo los contratos y autorizaciones tanto para distribuidores como comercializadores. De nada sirve tener control en las refinerías si en el camino no hay trazabilidad del producto”, declaró.
Las comercializadoras juegan un rol esencial: compran, distribuyen y venden combustibles derivados de hidrocarburos, asegurando su llegada desde refinerías o plantas hasta estaciones de servicio o clientes finales. Según el socio de Ingemar, Ernesto Ruffo Appel, son estas empresas las que operan todo el trayecto del combustible. “El importador solo hace el papeleo. Nosotros ni siquiera vemos el producto. El combustible lo mueve la comercializadora”, afirmó en entrevista reciente.
En este caso, Ingemar señala que su única comercializadora es Crismón Hidrocarburos y Derivados, S.A. de C.V., una empresa con sede en Matamoros, Tamaulipas, autorizada por la propia CRE. Según Ruffo Appel, fue la CRE quien les asignó a Crismón como intermediario obligatorio para cumplir con los requisitos del permiso de importación.
Crismón fue constituida legalmente en agosto de 2018. Sus socios principales son los empresarios Luis Miguel Fuentes García y Roy Ángel Pérez García. Cuenta con un permiso oficial para comercializar petrolíferos desde marzo de 2020, otorgado en plena pandemia durante una sesión virtual de la CRE.
Este permiso, como todos, obliga al titular a demostrar la legalidad del producto cuando la autoridad lo requiera. Sin embargo, analistas como Luis Miguel Labardini advierten que podría haber omisiones graves en la supervisión de estas operaciones. “Hay dos fallas del Estado: las aduanas no están inspeccionando correctamente o hay corrupción entre funcionarios. Y la Comisión Reguladora de Energía, ahora sustituida por la Comisión Nacional de Energía, no ha ejercido una vigilancia eficaz sobre el uso de los permisos”, señaló.
La exigencia de los especialistas es clara: se necesita una revisión integral de los actores que hoy operan legalmente en el mercado, pero que podrían estar facilitando o encubriendo la entrada y distribución de huachicol en el país.