El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, planea celebrar una consulta popular el 1ro. de agosto en que se le preguntará a los mexicanos si enjuiciar a los cinco expresidentes vivientes del país por presuntos actos de corrupción y abusos a los derechos humanos.
Pero este referéndum no solo será un absurdo derroche de dinero en un país que está entre los más necesitados de vacunas contra el COVID-19 en el mundo, sino que también será una peligrosa escalada del populismo autoritario en la región.
El referéndum, que costará unos $26 millones, será vinculante si más del 40% de los votantes registrados, o aproximadamente 37 millones de personas, acuden a votar. Consistirá de una sola pregunta, pidiendo a la gente que vote “sí” o “no” sobre si los exjefes de Estado deben ser juzgados.
La idea fue propuesta originalmente por López Obrador como un plebiscito que preguntaba específicamente si los expresidentes Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), Ernesto Zedillo (1994-2000), Vicente Fox (2000-2006), Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018) deberían ser procesados. La Suprema Corte aprobó el referéndum, pero cambió el texto de la pregunta, reemplazando los nombres de los expresidentes por una referencia tácita a los exmandatarios.
Ahora se le preguntará a los votantes si están de acuerdo en “llevar a cabo las acciones pertinentes” dentro del marco legal “para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos”.
Pero López Obrador y su partido Morena han dejado muy claro que el referéndum se refiere a los expresidentes. Y dada la larga historia de corrupción gubernamental y abusos a los derechos humanos en México, no es sorprendente que muchos mexicanos apoyen la idea.
Pero se trata de una pésima iniciativa, en el peor momento posible.
México es uno de los países del mundo con las tasas de mortalidad por COVID-19 más altas, con solo un 23% de su población que ha sido parcialmente vacunada contra el virus, según un mapa regional de vacunación de la Americas Society y el Consejo de las Américas. En comparación, el 65% de los chilenos, el 63% de los uruguayos y el 32% de los brasileños han sido parcialmente vacunados, según la misma fuente.
El gobierno de López Obrador ha sido un modelo mundial de ineficiencia en la lucha contra la pandemia. Debería gastar cada centavo de los fondos públicos en comprar más y mejores vacunas.
Asimismo, el referéndum de López Obrador es una burla al estado de derecho.
Javier Cremades, presidente de la Asociación Mundial de Juristas, me dijo que el referéndum “muestra un desprecio profundo a los tribunales de justicia”, que es donde los sospechosos deben ser juzgados.
“Esto es populismo a ultranza, una persecución política “, me dijo Cremades. “Si hay un delito, debe haber una acusación formal, con debido proceso“.
José Miguel Vivanco, del grupo de defensa de derechos humanos Human Rights Watch, me dijo que “López Obrador está convirtiendo el sistema de justicia de México en un Circo Romano, donde los castigos se reparten según la voluntad del emperador y la multitud”.
Vivanco agregó que “si el Fiscal General de México tiene pruebas de que los ex presidentes, o cualquier otra persona, han cometido delitos, tiene el deber de investigarlos y, si se justifica, enjuiciarlos. Ese deber no está sujeto a la opinión pública“.
Al margen de todo esto, si se va a hacer una consulta popular como esta, habría que incluir a López Obrador en la lista de funcionarios a ser investigados. La corrupción gubernamental sigue viva en México, las tasas de homicidio han alcanzado nuevos récords, los estándares de salud y educación se han desplomado y el presidente aún no ha respondido por las altísimas tasas de mortalidad por COVID-19 en el país.
En suma, el referéndum de López Obrador no tiene nada que ver con la justicia. Es una distracción pública, y una peligrosa escalada del populismo autoritario en la región.
