El gobierno de Estados Unidos anunció oficialmente su salida de la UNESCO, la agencia de Naciones Unidas dedicada a la educación, la ciencia y la cultura. La decisión, impulsada por la administración del presidente Donald Trump, se hará efectiva el 31 de diciembre de 2026.
Según el comunicado oficial, la membresía del país en la organización “no está alineada con los intereses nacionales de Estados Unidos”. La administración estadounidense acusa a la UNESCO de promover una agenda ideológica globalista, de favorecer causas divisivas y de mantener un sesgo sistemático en contra de Israel.
Uno de los principales motivos citados por la Casa Blanca es la inclusión del Estado de Palestina como miembro pleno, lo cual consideran una medida unilateral que ha contribuido a alimentar discursos hostiles hacia su principal aliado en Medio Oriente.
La directora general del organismo, Audrey Azoulay, lamentó la decisión, aunque señaló que ya se habían preparado para este escenario desde hace tiempo, incluyendo ajustes presupuestarios para hacer frente a la salida.
Esta no es la primera vez que Estados Unidos se retira de la UNESCO. En los años 80, la administración de Ronald Reagan también abandonó la agencia, entonces bajo el argumento de corrupción y parcialidad ideológica. Washington regresó al organismo durante el gobierno de George W. Bush, pero se ha mantenido en una relación tensa y fluctuante desde entonces.
La salida de la UNESCO se suma a una lista de distanciamientos con organismos internacionales que la administración Trump ha promovido bajo su política de “America First”. Entre ellos, se incluye la salida del Acuerdo de París, el retiro de la OMS, la suspensión del financiamiento a agencias de refugiados y el desmantelamiento parcial de programas de cooperación internacional.
Desde la Casa Blanca se ha dejado claro que la participación en organismos multilaterales será evaluada caso por caso, con base en lo que consideren beneficios directos para los intereses económicos, políticos y de seguridad de Estados Unidos.
La decisión abre una nueva etapa de tensiones con el sistema multilateral de Naciones Unidas, al tiempo que pone en duda el papel del país como actor comprometido con la cooperación internacional en temas de educación, ciencia y cultura.